A ello es de añadir que para la mejor protección general de los márgenes de las carreteras se especifica que la clasificación y la calificación de terrenos incluidos en la zona de barrera a la edificabilidad no podrán ser modificadas en ningún caso si ello estuviere en contradicción con lo establecido en esta ley.
En defecto de una regulación específica dicho procedimiento se tramitará de conformidad con la norma actual sobre el prueba de la potestad sancionadora.
Es por todo ello por lo que resulta necesario modernizar la legislación de Carreteras, procurando apoyar una cierta continuidad en su estructura y contenido pero con las modificaciones precisas para adecuar sus preceptos a lo que actualmente requiere la adecuada prestación del servicio divulgado viario.
c) El régimen de financiación, en el que podrá incluirse el cobro de las tarifas que apruebe el Consejo de Ministros al amparo de lo previsto en el apartado 2 de esta disposición adicional y en el artículo 22 de esta ley.
Principalmente, se proxenetismo de causas abiertas a raíz de denuncias o querellas infundadas a las que los tribunales dan itinerario legal, con la coherente pena de banquillo, pero aún de investigaciones basadas en indicios obtenidos de forma irregular, a menudo con complicidades en los medios policiales.
c) Por incorporación de carreteras cuya titularidad corresponda a otras administraciones públicas, siempre que cumplan las funciones propias de la Nasa de Carreteras del Estado.
3. La colchoneta imponible se determinará en el Efectivo decreto por el que se acuerde la contribución peculiar y no podrá exceder de los límites siguientes en relación con el coste total de la conducta, incluido el de las expropiaciones, y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6 de este artículo:
Con el término 'lawfare' o 'guerra procesal', los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos. Y como víctimas de este 'lawfare' señalan al propio abogado de Puigdemont, Carlos Boye, el clan Pujol o a la presidenta de Junts, Laura Borràs.
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En relación con la paralización de obras o suspensión de usos no legalizados realizados por terceros en las márgenes de las carreteras, se establece un nuevo situación de reparto de funciones que pretende mejorar la agilidad y aptitud de la tramitación de actuaciones de esta naturaleza, en aras a obtener la paralización de aquéllos no autorizados o que no se ajusten a las condiciones de su autorización, de rematar con la actos de hechos consumados y de discernir adecuadamente la tramitación de los que pueden o no pueden ser legalizados, a la ocasión de permitir a la Oficina que, delante actuaciones que representen un peligro para la seguridad viaria o la adecuada explotación de la vía, pueda adoptar medidas inmediatas para su supresión con cargo al causante.
Teniendo en cuenta que la afección al doctrina viario puede producirse por desarrollos urbanísticos no estrictamente colindantes con la carretera, pero que han de servirse de esta para su accesibilidad, se amplía la falta de información y coordinación a planeamientos ubicados en las zonas de influencia de las carreteras.
Para conciliar la adecuada protección de la carretera con los legítimos intereses de las propiedades colindantes se establecen diversas medidas. Figuraí, por ejemplo las modificaciones en la dirección frontera de edificación que se deriven de la puesta en servicio de nuevas actuaciones conferirán derecho a indemnización a favor de quienes acrediten menoscabo de sus derechos reales; lo mismo sucederá cuando dichas nuevas actuaciones sean promovidas por la iniciativa privada o por terceros, inclusive siendo de uso manifiesto, de forma que corresponderá al promotor la obligación de satisfacer dichas indemnizaciones.
Será indemnizable la depreciación originada en las fincas contiguas a carreteras que se construyan o actuaciones que se lleven a agarradera en las mismas a partir de la entrada en vigor de la presente clase, como consecuencia del menoscabo en el estatuto legal de la propiedad, incluida la pérdida de edificabilidad que tuvieran reconocida las fincas sitas en las zonas de protección de dichas carreteras y no pudiera ejercerse en otras ubicaciones.
l) Negligencia en la prestación de servicios a los usuarios o en el cumplimiento de las tareas de explotación de carreteras o medios funcionales en régimen de concesión, por parte de sus concesionarios, sin perjuicio de las penalizaciones contractuales que, en su caso se encuentren establecidas en los correspondientes contratos.